Claudio Ruiz, abogado: “Las nuevas tecnologías son una oportunidad única en la historia para el acceso a la cultura”

La ONG Derechos Digitales lleva varios años luchando para que en Chile se dé una discusión seria sobre los derechos humanos que todo usuario de Internet tiene en su vida virtual. En un contexto de revolución tecnológica que ha abierto nuevos nichos para la proliferación de las iniciativas culturales, las ventajas traen consigo una serie de problemáticas ligadas a la propiedad de los contenidos que circulan por la red y a sus usos, que nos obligan a defender un debate realmente democrático, cosa que según quienes integran Derechos Digitales, es tarea de todos.

Claudio Ruiz nos recibe en una oficina no pequeña, pero donde dos, o incluso tres personas tendrían dificultades para desenvolverse. Durante la entrevista bromeamos a propósito de la estrechez de su lugar de trabajo y una anécdota alusiva a la Sociedad Chilena del Derecho de Autor, quienes en plena disputa con Derechos Digitales debido a la campaña Trato Justo para Todos, aseguraron que la ONG recibía dinero de empresas multinacionales. Nos reímos de la sola idea de una coima millonaria, en contraste con el sencillo y luminoso departamento donde nos juntamos a conversar.

El primer tema en cuestión: Derechos Digitales, organización de la que Claudio es director. Es una iniciativa que surgió de los pasillos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Sus fundadores confluyeron en un trabajo común que relacionaba el Derecho Constitucional, los Derechos Humanos y lo que en ese entonces se llamaba Derecho Informático. El ideal común: defender una postura de interés público en discusiones que se dan a puertas cerradas. “Hay un montón de expertos sobre esto, pero muchas veces los esfuerzos están concentrados en apostar hacia los intereses privados, los intereses de la industria del cine, de la música, etcétera, y no están las apuestas a fomentar los derechos vinculados al interés público, y eso es lo que hace Derechos Digitales”, dice Claudio.

Derechos Digitales intenta influir en la agenda legislativa, si de regulación y tecnología se trata. En concreto, el rol de Claudio Ruiz es dirigir iniciativas. Uno de los más conocidos que ha impulsado la ONG es Creative Commons, proyecto internacional de licencias gratuitas. Además de dirigir Derechos Digitales, Claudio es coordinador de Creative Commons Latinoamérica, lo que consiste en coordinar esfuerzos a nivel continental para compartir información y cultura.

- Ustedes proponen velar por “el desarrollo, defensa y promoción de los derechos humanos en el entorno digital”. ¿Qué acciones concretas han desarrollado para defender esto?

C: Hartas. Derechos Digitales tiene un montón de otros proyectos y campañas vinculadas a la última reforma a la Ley de Propiedad Intelectual, donde hicimos Trato justo para todos, No soy delincuente y Enlazar es bueno, que la montamos hace poco y la vamos a seguir desarrollando el próximo año. Hemos coordinado proyectos como Pueblo Nuevo, un proyecto de netlabels que también se hizo en Argentina durante 2008 y 2009. Tenemos varias publicaciones que apuntan hacia insertar en la discusión pública, por ejemplo, un derecho de autor que apunte hacia los equilibrios normativos y no solo hacia la protección de los titulares de derecho. Hay un montón de cuestiones, y todas apuntan en la misma dirección: el cómo hacemos para promover un mejor debate respecto a los Derechos Humanos en Internet. Creo que eso es parte fundamental de lo que nosotros hacemos.

- ¿Cómo nacieron No soy delincuente y Enlazar es Bueno?

C: Todas son campañas distintas. Se parecen en que fueron campañas pensadas para Internet, pero son campañas diferentes porque apuntan a públicos distintos y a objetivos diferentes. Lo que quisimos hacer con las dos primeras (con Trato Justo para Todos y No soy Delincuente) fue tratar de llevar la discusión respecto a los derechos de autor desde la mesa de los expertos y los políticos hacia lo que nos pasa todos los días como usuarios de Internet. Las reformas que estaban en juego y el debate que se estaba llevando adelante eran tan importantes que para nosotros era clave que todos los usuarios tuviéramos consciencia de lo que estaba jugándose aquí. La forma para hacerlo fue transformar este mensaje complicado, tomar los problemas que estaban vinculados, los casos que había en juego y llevarlos a una plataforma que fuera fácilmente comprensible por la gente, por mi mamá, por tu papá, por los usuarios de Internet en general, para que entendieran que los derechos de autor no eran solamente derechos vinculados a los artistas de televisión o cantantes, siendo que estos derechos estaban pensados básicamente para combinar los intereses de los titulares de derechos de autor con los intereses del público.

Claudio destaca el cariz de estas campañas: entregar información que, según relata, les era adverso debido al despliegue comunicacional de la SCD. “Nosotros no teníamos dinero, no teníamos artistas ni caras visibles, no teníamos nada. Solamente teníamos buenas ideas y una buena propuesta legislativa”, recuerda. Uno de los principales objetivos de No soy delincuente era explicarle a la gente común y también a los parlamentarios de forma sencilla las implicancias de la discusión que en esos momentos se sostenía en el Congreso; de ahí viene el nombre de la campaña. Y el mensaje fue efectivo: “al principio cuando íbamos a conversar con los parlamentarios respecto de la importancia del acceso abierto, de las nuevas tecnologías, de las excepciones para bibliotecas, de los archivos, etcétera, nos decían: ‘¿Ustedes están hablando de la reforma de los cantantes?’. Entonces, teníamos que explicar que la reforma implicaba cosas distintas a los prejuicios que ellos tenían respecto a los temas vinculados a derechos de autor”.

- ¿Qué repercusiones tuvieron estas campañas?

C: Es difícil cuantificar este tipo de cuestiones de interés público, pero si uno mira todo lo que sucedió en el contexto de la discusión legislativa, de la Ley de Propiedad Intelectual en particular, si uno ve los proyectos de ley en Colombia, Argentina, Brasil, es una norma bastante de avanzada a nivel mundial en torno, por ejemplo, a los sistemas de notificación de bajada de contenidos, no existe la posibilidad de desconectar a un usuario… ese tipo de cuestiones fueron muy importantes y no creo que se lograron por lo que hicimos como Derechos Digitales, sino que se lograron por la comunión de un montón de actores, entre ellos el Colegio de Bibliotecarios, empresas de tecnología, nosotros mismos y la gente que participó en esta campaña enviando correos a los parlamentarios y explicarles que esta cuestión estaba mal. Los diputados y senadores vieron estos videos, de hecho el ejercicio más interesante que uno puede hacer es revisar sus discursos al principio de la discusión y luego mirar los del cierre; te das cuenta de cambios fundamentales en la forma de entender estos derechos, desde una visión propietarista hasta una visión mucho más de interés público en el sistema de derecho de autor en particular, que debería garantizar los derechos de los titulares, pero al mismo tiempo debería garantizar con más fuerza, quizás, el interés colectivo. Si uno tuviera que calificar el éxito que tuvieron esas campañas, yo lo miraría desde la óptica de lo que obtuvimos.

- En vuestro discurso aparece frecuentemente la SCD como aquel organismo que está en contra de lo que ustedes defienden. ¿Qué piensas sobre el rol que ésta tiene en la actualidad y la postura de ellos frente al uso de Internet?

C: La SCD es una entidad de gestión colectiva. No es un sindicato de cantantes ni de artistas, sino que es una corporación de derecho privado que apunta al interés de los miembros de su organización para efecto del cobro de los derechos que les corresponden. Es por eso que, por ejemplo, la SCD negocia con las radios para cobrar los derechos de ejecución pública, con el comercio minorista para el pago de licencias de los locales comerciales, ese es el trabajo que hace la SCD. Es un trabajo bueno, si no existieran entidades de organización colectiva sería un gran problema para los artistas poder cobrar por la utilización comercial de sus obras, por lo tanto, la existencia de entidades de gestión colectiva es una buena idea.

El problema está (y esto pensando solo en la SCD) cuando sus acciones sobrepasan las funciones que le están encomendadas a partir de la ley, e intentan llevar ese discurso al discurso de la protección de los artistas y sus socios, y lo llevan hacia a una posición política respecto del sistema legal que aplica para el entorno cultural. Hay un vacío en ese trayecto, porque el interés de la entidad de gestión colectiva es el de sus socios, pero cuando la SCD llega con propuestas al Congreso – y me refiero particularmente a la Ley de Propiedad Intelectual-, estas propuestas muchas veces no están pensadas por los mismos artistas, sino que están alineadas con, por ejemplo, los intereses de la industria discográfica multinacional. Es difícil saber cuando los intereses de los artistas y de los sellos discográficos van de la mano. La explicación de esto es un modelo de negocios particular, porque esta entidad coopta ciertos discursos respecto de sus artistas y convence a los cantantes, intérpretes y demás que hay cosas que están mal cuando en realidad no están mal, y se produce un conflicto. Por ejemplo, en el caso de la Ley de Propiedad Intelectual nos mostraban a nosotros como contrarios a la SCD y no somos enemigos, de hecho hemos estado en reuniones con ellos muchas veces.

Nosotros tampoco somos una entidad de gestión colectiva, por lo tanto tampoco competimos con ellos. Nosotros velamos por que en los temas vinculados a derecho de autor se respeten los derechos y las garantías cuando se trata de Internet, y muchas veces las propuestas de la SCD apuntaban a lo contrario, entendiendo el derecho de autor como un sistema de cobro, y no como un sistema que equilibre los intereses todos. Y ahí por supuesto que tenemos un problema, y lo tendremos en el futuro si esa sigue siendo la posición oficial de la SCD. Tengo la sensación de que la explicación de esto es que el modelo de ingresos que tiene la SCD está estrechamente vinculado con las formas de recaudación, y ese recaudo se relaciona con la industria discográfica.

Con respecto a las tecnologías, creo que es cosa de tiempo de que las entidades no solo chilenas sino que del mundo, entiendan que las nuevas tecnologías son una oportunidad para el desarrollo de nuevos negocios, para el acceso a la cultura y al conocimiento y no un sistema de piratería. No es así.

En segundo lugar, creo que uno de los grandes problemas ligados a la SCD es la obsesión de utilizar la ley como un mecanismo de amedrentamiento para los usuarios de Internet. Hasta hace un año atrás, la palabra “piratería” también aplicaba para las bibliotecas para ciegos, de los colegios y universitarias… aplicaba para nosotros todo el tiempo, y eso es absurdo. Una ley que dice que mandar un correo electrónico es un acto ilegal tiene que ser cambiada, no reforzada. Esa es nuestra posición política: nosotros entendemos que las nuevas tecnologías son una oportunidad única en la historia para el acceso a la cultura. El problema está en que las nuevas tecnologías suponen también una herramienta importante para la restricción de esos derechos, y lo vemos en temas de libertad de expresión, de derecho de autor, etcétera. Ese es un problema que tienen nuestras legislaciones, nuestras leyes de derecho de autor y claramente, las entidades de gestión colectiva.

- Volviendo a la campaña “No soy delincuente”: Denisse Malebrán se refirió a ella en una entrevista con Radio Horizonte  diciendo que le metía el dedo en la boca a la gente. ¿Qué respondes a eso?

C: Ese tipo de declaraciones responde a esta desesperación ante la aparición de nuevos grupos relacionados con el tema del derecho de autor, que son distintos a las entidades de gestión colectiva. Eso nunca había pasado, desde hace 20 años atrás. La SCD era el único actor que participaba en todas las reformas hechas a la Ley de Propiedad Intelectual, y en la última reforma apareció la industria tecnológica, aparecimos nosotros, los bibliotecarios, los editores… y eso generó dificultades para lo que quería la SCD, y que se grafica en este tipo de exabruptos que no contestamos en su momento y no vamos a contestar ahora. Son cuestiones que hablan por sí mismas. El objetivo básico de la campaña Trato Justo para Todos era entregar información. Esto partió justamente de una campaña de la SCD que se llamaba tratojusto.cl, y nosotros dijimos “Bueno, nosotros también queremos un trato justo”. Esta reforma no intentaba legalizar las fotocopias ni la piratería en Internet, porque cuando tenemos una legislación absurda, tenemos que modificarla para que esté vinculada con lo que pasa en el día a día, y eso es lo que la SCD no entiende. Eso explica estos exabruptos y otros más graves que dijeron de nosotros y de otra gente, como que nos pagaban las multinacionales.

- ¿Le recomendarías a un músico que se afiliara a la SCD?

C: Es difícil la pregunta. Lamentablemente hoy no tenemos otra entidad de gestión colectiva en Chile que sea competencia de la SCD, como sí existen en Estados Unidos, por ejemplo. La importancia es que los músicos quieren tener dinero por las ejecuciones que hacen en la radio, y no tienen otra alternativa que ir a la SCD y hacerse socios. Eso me parece un problema. Lo importante es que de un tiempo a esta parte, los músicos han entendido que esto se trata de sus derechos. No se trata de los derechos de quienes descargamos música, sino de cómo construimos un sistema legal que permita que los músicos puedan hacer cosas con sus obras y puedan ejercer sus derechos a nombre de ellos. Creo que el rol de los artistas tiene que ver con modificar la estructura interna de la SCD para evitar que pase lo que ha venido pasando en los últimos 25 ó 30 años con estas posiciones políticas absurdas, anacrónicas y ridículas que ha tenido la SCD hasta ahora, de las que resultó la salida de Fernando Ubiergo y de Santiago Schuster. Los propios socios de la SCD deben tomar medidas para evitar que esos bochornos sigan sucediendo.

- ¿Qué opinas del proceso de postulación a los Fondos del CNCA 2011?

C: Nosotros hemos postulado y nos hemos ganado varios fondos de la música y fondos del libro; de hecho, así nos financiamos. Me parece que hay un problema grave con la plataforma y un problema con la asignación. Pero el mayor problema que tienen hoy día los fondos de cultura no es que se trata de fondos públicos, y eso debiera significar condiciones de acceso y utilización por parte de todos nosotros de aquellas obras que se financian con fondos públicos distinta a la que existe actualmente. Hoy día el Consejo de la Cultura no vela por la accesibilidad respecto de las obras que están financiando. Si el fondo de la música financia un disco, no existe ninguna garantía de que yo pueda acceder a este disco que están pagando con mis impuestos ni que pueda hacer cosas con él. Internet es una posibilidad importantísima para acceder, compartir, copiar y pegar ese contenido, pero son posiciones políticas las que impiden que eso suceda. El problema de los fondos de cultura tiene que ver con cómo utilizar las nuevas tecnologías, y que las obras privadas que financia el Estado tengan condiciones de accesibilidad y de distribución que sean acordes con el entorno tecnológico, y eso ahora no está pasando. Sería ideal que aquellas obras tengan licencias abiertas, eso debería ser un requisito para entregar los fondos del Consejo de la Cultura.

- Como ONG, ¿qué pueden decir de las políticas culturales del Estado?

C: Históricamente, las políticas culturales han sido bien importantes para generar los lineamientos de cómo va a funcionar el Consejo de la Cultura. En el caso los lineamientos ha habido críticas cruzadas, tanto desde el mundo del arte como desde el mundo de las organizaciones no gubernamentales con respecto a la forma en que se ha dado ese proceso, y los resultados que tuvieron. Si miras los temas vinculados a tecnología y derecho de autor, no encuentras una sola palabra con respecto a la importancia del dominio público en las políticas culturales de Chile, en el acervo cultural. Por ejemplo, la obra de Gabriela Mistral está en el dominio público, y no hay una sola palabra en el Consejo de la Cultura sobre qué se hace con ese patrimonio cultural, qué tipo de política el gobierno va a llevar adelante, qué tipo de apoyo habrá… cero.

Ese tipo de cuestiones son resabios de una forma de entender la cultura y el arte vinculados a ciertas industrias culturales muy particulares que les cuesta mucho adaptarse a la idea de que existe un entorno en línea que es un ambiente fecundo para generar plataformas que promuevan el acceso y promuevan la generación de contenidos. Tengo la sensación de que las políticas públicas son cojas y deficientes respecto de ese elemento, que tiene que ver con qué hacemos con nuestro patrimonio cultural común, y al mismo tiempo, cómo hacemos que esas obras que se financian con fondos públicos tengan condiciones de acceso y distribución acordes con obras que se financian con dinero de todos nosotros.

- Para finalizar, ¿Qué pueden prever sobre el futuro de la libre descarga en Chile?

C: Creo que esa forma de consumo de las obras intelectuales va a cambiar los hábitos de los usuarios de Internet que hoy realizan descargas legales o ilegales de contenidos, ya que hoy en día el mercado no entrega alternativas para hacerlas. Por lo tanto, lo primero que se me ocurre es que el desarrollo de más alternativas para poder consumir contenidos legalmente de alguna forma va a afectar a la descarga de contenidos.

Por otro lado hay otra cuestión importante que tiene que ver con la forma legal que esto tiene para resolverse. La última reforma a la Ley de Propiedad Intelectual fue como un oasis. Cuando uno mira las propuestas españolas, argentinas, e incluso gringas, uno se da cuenta de lo potente que es la presión de las industrias multinacionales de software y del espectáculo para generar reglas cada vez más estrictas respecto de la utilización no autorizada de propiedad intelectual que implican procesos criminales en el caso norteamericano, desconexiones en el caso europeo. Es super absurdo que la industria criminalice a usuarios que el día de mañana serán considerados clientes de modelos de negocios que hoy día no existen.

Si uno mira la experiencia legal comparada, está claro que vamos camino a más criminalización y menos legalización de ciertas prácticas, lo que nos parece perverso. El otro día leí un artículo sobre esto y me pareció super interesante la reflexión: va a llegar un momento que nuestros hermanos chicos que se matan descargando películas y mp3 van a cumplir 18 años y les va a tocar votar, y la gente que está en el Congreso, y van a aparecer personas que tienen otra experiencia con respecto a las nuevas tecnologías. Ahora tenemos una legislación lamentable con respecto a los derechos fundamentales en Internet, no solo en derechos de autor sino que en libertad de expresión. Hay una serie de problemas ligados a los derechos y las tecnologías, y la experiencia nos dice que hay una tendencia súper negativa sobre el uso de nuestros derechos.

Como conclusión, creo que es importante que sobrevivan iniciativas como la nuestra, y que existan más iniciativas vinculadas a los temas de interés público para generar una masa crítica con respecto a los derechos de todos nosotros. En la medida en que protegemos nuestros derechos en Internet, estamos configurando una mejor democracia y un mejor sistema  protección de derechos humanos en nuevas tecnologías.

Fotos por Constanza Sáez